El pasado 19 de mayo se aprob\u00f3 la ley de accesibilidad que transpone seis directivas europeas y que tiene como objetivo eliminar las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad para acceder a productos y servicios, entre ellos los bancarios.<\/p>\n
Su cumplimiento afectar\u00e1 a las compa\u00f1\u00edas proveedoras de los terminales de pago, cajeros autom\u00e1ticos, m\u00e1quinas expendedoras de billetes o lectores electr\u00f3nicos. Tambi\u00e9n a las entidades de cr\u00e9ditos al consumo, hipotecas y servicios de inversi\u00f3n como asesoramiento y gesti\u00f3n del dinero, suscripci\u00f3n de fondos de inversi\u00f3n o la compra de valores, entre otros.<\/p>\n
La norma impone una serie de requisitos a las entidades para que los productos se consideren accesibles. En cuanto a los bancos, deber\u00e1n presentar la informaci\u00f3n de sus productos\u00a0a trav\u00e9s de m\u00e1s de un canal sensorial\u00a0(por escrito, por voz o de forma t\u00e1ctil). Tambi\u00e9n tiene que ser f\u00e1cil de entender y de manejar y deben ofrecer un tipo de letra y tama\u00f1o adecuado, lo suficientemente grande para ser legibles por los grupos de mayor edad.<\/p>\n
Por su parte, los servicios bancarios deben ofrecer \u201cm\u00e9todos de identificaci\u00f3n, firmas electr\u00f3nicas, seguridad y servicios de pago que sean perceptibles, funcionales, comprensibles y resistentes\u201d.<\/p>\n
El incumplimiento de los requisitos conllevar\u00e1 multas que pueden ir desde 301 euros hasta un mill\u00f3n. La norma se aplicar\u00e1 a partir del 28 de junio de 2023 para los nuevos productos y servicios, mientras que, para los existentes cuyo contrato estuviera en vigor antes de esa fecha, se aplicar\u00e1 a partir del 29 de junio de 2030. Los terminales instalados antes del 2025 se seguir\u00e1n utiliz\u00e1ndose hasta su vida \u00fatil y sin superar los 10 a\u00f1os de funcionamiento.<\/p>\n