- Lun, 27 Sep 2021, 11:49
#91
EXPERIENCIA PERSONAL:
Soy un paciente de Leucemia Mieloide Crónica desde 2015, que inició una baja por Incapacidad Temporal en Diciembre 2015 (astenia, artralgias, chemobrain,...) y que por un "milagro o similar" en verano 2017 fui dado de alta por el #INSS tras una revisión médica del ICAM-SGAM (equivalente en Cataluña de los EVI del resto de comunidades).
Tras iniciar nuevo proceso de petición de Incapacidad, en julio 2017, pasar por juzgado de lo Social, y recurrir ante TSJC (Sala de lo Social), en Julio 2020 se me reconoció una Incapacidad Permanente Absoluta.
En 2017 solicité también la revisión de grado de discapacidad. Me fue concedido un 33% de forma provisional, y revisado ya 2 veces (cada 2 años), pasé a un 40% y en marzo 2021 a un 48%. Sin tener que recurrir, llegar a Juzgados,...
Durante estos años me he implicado en la medida de mis posibilidades en PAICAM (Plataforma de afectados del ICAM), y en Jóvenes Pensionistas (JP), y desgraciadamente he conocido otras historias para no dormir, tanto de la mano del INSS (con sus colaboradores necesarios), como de los departamentos de Asuntos Sociales de diferentes comunidades.
CONCLUSIONES COLECTIVAS:
Tanto desde PAICAM como desde JP atendemos e intentamos orientar a un número muy elevado de personas con limitaciones funcionales, a quienes se les deniegan, revisa a la baja o se les quitan tanto Grados de Discapacidad como Pensionies por INCAPACIDADES PERMANENTES (IP). Algunas firmas legales han publicado informes situando el tema de denegaciones de IP en un 95% de los casos.
Con estos hechos, además de ser conscientes de que si entramos en una situación indeseada de limitación funcional y perdemos capacidad para trabajar, tenemos que ser conscientes de que sólo hay una vía para una vez el INSS hace "su trabajo" (deniega la IP según dictamen de EVI o ICAM), el afectado puede recuperar o tener derecho a ver reconocida su IP: acudir a un abogado (si se puede asumir el coste a uno especializado, y si no, a la Justicia Gratuita que todos los Colegios de Abogados ofrecen). De la mano de ese profesional, iniciar el proceso legal, debidamente documentado con los informes médicos y forenses que el abogado considere oportunos (y siempre sólo si acreditan ese limitación funcional), y tener mucha paciencia, puesto que el proceso no será corto.
Entre tanto, esa persona será a efectos legales será un "desempleado", ya que le dieron el alta, y no puede trabajar, y deberá subsistir (malvivir) con "generosos" subsidios de unos 450€ al mes por 12 pagas.
Es decir, una enfermedad, accidente u otra situación nos puede postrar en una silla o cama, o limitar de cualquier otra forma. El INSS nos puede "condenar" a tener que llegar a la vía judicial (si podemos asumirlo, si lo sabemos, si encontramos un buen abogado...), y a tener que malvivir y mantener a la unidad familiar con una cantidad insuficiente, con lo cual el afectado está en una doble vulnerabilidad: la propia situación física y psíquica, y además la presión creada por la falta de ingresos.
En el caso de los Grados de Discapacidad, el no reconocimiento de los Grados, puede afectar a no tener acceso a transportes locales gratuitos, bonificaciones en impuestos locales o del IRPF (pero si no tenemos ingresos, no nos ayudan...).
Para concluir esta reflexión en voz alta: evidentemente debemos preocuparnos de que las personas con discapacidad tengan apoyos para poder acceder al mercado laboral y a puestos adaptados a sus condiciones, pero no podemos olvidar que actualmente un 10% de los pensionistas en España, casi 1.000.000 de personas, lo son por Incapacidades.
Además no podemos saber (ni hay información al respecto por parte de la Administración) cuantos casos tenemos de personas que estadísticamente son desempleados, o trabajadores en precario, tras haberles denegado una incapacidad, y tener que estar trabajando en puestos que no estás adaptados a sus condiciones, es decir, perjudicando aún más su situación física/psíquica.
¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué Administración debe tomar cartas en el asunto y evitar estas injusticias sociales tan manifiestas?. En muchos casos deben ser solventadas por un Juez, que debe asumir el papel de "médico evaluador" aplicando criterios lo más objetivos posible, y que acaba condenando al INSS a que asuma una IP que sus médicos evaluadores han dictaminado como no existente.
Creo que deberíamos ser muy conscientes, y empezar a preocuparnos por ese 10% de pensionistas, y por el % que sea de "trabajadores" que meritan tener una IP y se les ha denegado.
Asimismo, la concesión o denegación de Grados de discapacidad, también debería tener una normativa "actualizada" y muy clara para una aplicación uniforme en todas las comunidades (o a nivel europeo).
¿Qué opináis al respecto?
¿Conocéis casos o lo habéis vivido en primera persona?
¿Qué creéis que debemos hacer?
Saludos,
Toni
Soy un paciente de Leucemia Mieloide Crónica desde 2015, que inició una baja por Incapacidad Temporal en Diciembre 2015 (astenia, artralgias, chemobrain,...) y que por un "milagro o similar" en verano 2017 fui dado de alta por el #INSS tras una revisión médica del ICAM-SGAM (equivalente en Cataluña de los EVI del resto de comunidades).
Tras iniciar nuevo proceso de petición de Incapacidad, en julio 2017, pasar por juzgado de lo Social, y recurrir ante TSJC (Sala de lo Social), en Julio 2020 se me reconoció una Incapacidad Permanente Absoluta.
En 2017 solicité también la revisión de grado de discapacidad. Me fue concedido un 33% de forma provisional, y revisado ya 2 veces (cada 2 años), pasé a un 40% y en marzo 2021 a un 48%. Sin tener que recurrir, llegar a Juzgados,...
Durante estos años me he implicado en la medida de mis posibilidades en PAICAM (Plataforma de afectados del ICAM), y en Jóvenes Pensionistas (JP), y desgraciadamente he conocido otras historias para no dormir, tanto de la mano del INSS (con sus colaboradores necesarios), como de los departamentos de Asuntos Sociales de diferentes comunidades.
CONCLUSIONES COLECTIVAS:
Tanto desde PAICAM como desde JP atendemos e intentamos orientar a un número muy elevado de personas con limitaciones funcionales, a quienes se les deniegan, revisa a la baja o se les quitan tanto Grados de Discapacidad como Pensionies por INCAPACIDADES PERMANENTES (IP). Algunas firmas legales han publicado informes situando el tema de denegaciones de IP en un 95% de los casos.
Con estos hechos, además de ser conscientes de que si entramos en una situación indeseada de limitación funcional y perdemos capacidad para trabajar, tenemos que ser conscientes de que sólo hay una vía para una vez el INSS hace "su trabajo" (deniega la IP según dictamen de EVI o ICAM), el afectado puede recuperar o tener derecho a ver reconocida su IP: acudir a un abogado (si se puede asumir el coste a uno especializado, y si no, a la Justicia Gratuita que todos los Colegios de Abogados ofrecen). De la mano de ese profesional, iniciar el proceso legal, debidamente documentado con los informes médicos y forenses que el abogado considere oportunos (y siempre sólo si acreditan ese limitación funcional), y tener mucha paciencia, puesto que el proceso no será corto.
Entre tanto, esa persona será a efectos legales será un "desempleado", ya que le dieron el alta, y no puede trabajar, y deberá subsistir (malvivir) con "generosos" subsidios de unos 450€ al mes por 12 pagas.
Es decir, una enfermedad, accidente u otra situación nos puede postrar en una silla o cama, o limitar de cualquier otra forma. El INSS nos puede "condenar" a tener que llegar a la vía judicial (si podemos asumirlo, si lo sabemos, si encontramos un buen abogado...), y a tener que malvivir y mantener a la unidad familiar con una cantidad insuficiente, con lo cual el afectado está en una doble vulnerabilidad: la propia situación física y psíquica, y además la presión creada por la falta de ingresos.
En el caso de los Grados de Discapacidad, el no reconocimiento de los Grados, puede afectar a no tener acceso a transportes locales gratuitos, bonificaciones en impuestos locales o del IRPF (pero si no tenemos ingresos, no nos ayudan...).
Para concluir esta reflexión en voz alta: evidentemente debemos preocuparnos de que las personas con discapacidad tengan apoyos para poder acceder al mercado laboral y a puestos adaptados a sus condiciones, pero no podemos olvidar que actualmente un 10% de los pensionistas en España, casi 1.000.000 de personas, lo son por Incapacidades.
Además no podemos saber (ni hay información al respecto por parte de la Administración) cuantos casos tenemos de personas que estadísticamente son desempleados, o trabajadores en precario, tras haberles denegado una incapacidad, y tener que estar trabajando en puestos que no estás adaptados a sus condiciones, es decir, perjudicando aún más su situación física/psíquica.
¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué Administración debe tomar cartas en el asunto y evitar estas injusticias sociales tan manifiestas?. En muchos casos deben ser solventadas por un Juez, que debe asumir el papel de "médico evaluador" aplicando criterios lo más objetivos posible, y que acaba condenando al INSS a que asuma una IP que sus médicos evaluadores han dictaminado como no existente.
Creo que deberíamos ser muy conscientes, y empezar a preocuparnos por ese 10% de pensionistas, y por el % que sea de "trabajadores" que meritan tener una IP y se les ha denegado.
Asimismo, la concesión o denegación de Grados de discapacidad, también debería tener una normativa "actualizada" y muy clara para una aplicación uniforme en todas las comunidades (o a nivel europeo).
¿Qué opináis al respecto?
¿Conocéis casos o lo habéis vivido en primera persona?
¿Qué creéis que debemos hacer?
Saludos,
Toni