El artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad de la ONU (ratificada por España en 2008) dice, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, que los Estados parte deben tomar medidas efectivas para asegurar que “las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones que las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico”.

Es este un derecho sobre el que muestra su preocupación años más tarde (2017) el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en su Observación núm. 5, ya que, a pesar de que considera que es de obligación inmediata por ser un derecho civil y político, reconoce que no suele ser efectivo por falta de alternativas: ya sea porque no se dispone de apoyo fuera de las instituciones, porque el apoyo no profesional de la familia es la única opción
existente (algo muy frecuente por el empuje que todavía necesita la asistencia personal) o porque la vivienda es inaccesible.

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