La discapacidad es una realidad multidimensional que han abordado distintas disciplinas. Es habitual pensarla como un objeto de intervención médica —¿qué podemos hacer para “devolver” este cuerpo a la normalidad en la medida de lo posible?—, psicológica —¿qué podemos hacer para que quienes han adquirido una discapacidad “se ajusten” a su nueva situación?—, educativa —¿qué hacemos con quienes no siguen el “ritmo” de la clase?— o del trabajo social y los servicios sociales —¿qué podemos hacer para sostener las vidas de las personas con discapacidad cuando vuelvan a su casa después de pasar por el hospital?—.

El diagnóstico y la instauración de un DCA representan una circunstancia sobrevenida que cursa súbita e  intensamente, modificando de manera radical todas las esferas de la vida cotidiana, tanto de la persona que lo padece como de su entorno afectivo más próximo. No solo hay personas supervivientes, sino familias afectadas por DCA.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (2006) reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que el resto. Esto incluye tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad (artículo 27).