El Consejo de ministros ha aprobado este martes la Estrategia estatal para un nuevo de modelo de cuidados en la comunidad, la hoja de ruta que dibuja hacia dónde deben evolucionar las políticas públicas entre 2024 y 2030 para transitar desde una cultura “asistencialista” hasta un tipo de apoyos que se adapte a las preferencias y necesidades de cada persona y que les permita continuar en su entorno.

El documento se marca cinco grandes ejes de trabajo (que van desde la prevención hasta cambios normativos, pasando por la participación de las personas), divididos a su vez en objetivos y líneas de actuación, que proponen distintas iniciativas. Será en los planes operativos, que se aprobarán cada dos años, donde se detallen qué acciones concretas desarrollará cada ministerio o comunidad en ese periodo y qué presupuesto conlleva, ya sea aportado por el Ejecutivo o por las autonomías o entidades locales.

Un informe de la Fundación Mutua de Propietarios revela que el 87% de los edificios de viviendas en España requieren adaptaciones para mejorar su accesibilidad, lo que supondría un coste medio de 1.361€ por hogar. A pesar de que el 63% de los españoles creen que un edificio accesible revaloriza sus inmuebles, el 70% considera difícil alcanzar un acuerdo entre vecinos para realizar esta inversión.

Los españoles puntúan la accesibilidad de sus edificios con un 5,7 sobre 10. De hecho, el 25% de los edificios tiene un escalón en el acceso al portal, el 56% posee porteros automáticos no accesibles y el 48% de los portales pesa demasiado. Sin embargo, el informe “Accesibilidad en el edificio: ¿gasto o inversión?” apunta a las barreras relacionadas con el ascensor como las actuaciones con un mayor grado de urgencia. El 17% de los edificios no tienen ascensor y, de los que sí tienen, el 11% presenta un escalón que dificulta el acceso hasta él.

La Fundación Mutua de Propietarios ha publicado un estudio sobre la falta de accesibilidad que afrontan diariamente las personas con movilidad reducida en España. La investigación señala que más de 100.000 individuos se ven obligados a quedarse en casa debido a este motivo.

El estudio revela que en áreas urbanas, el 79% de las personas con discapacidad deben hacer frente a obstáculos significativos para acceder a su comunidad, y que la situación es aún más preocupante en las zonas rurales, donde el porcentaje se eleva hasta el 86% y hasta el 90% de las personas con discapacidad encuentra obstáculos para participar en actividades de ocio. Estos datos subrayan la importancia de abordar no solo la accesibilidad física, sino también la inclusión en la vida social y cultural. Como explica Beatriz Coleto, Coordinadora del Centro Especial de Empleo de Vivofácil, «la definición de la ONU sobre discapacidad nos recuerda que se trata de una condición que, en interacción con diversas barreras sociales, puede obstaculizar la participación plena y efectiva de las personas en la sociedad. Esto no es un asunto individual, sino un reflejo de la propia sociedad y de la necesidad de un cambio».