El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, durante la presentación de Investigación. El suicidio en las personas con discapacidad en España, ha revelado que el suicidio obedece a factores de riesgo multicausales, en diferentes ámbitos que actúan de manera combinada y acumulativa.  Los colectivos diferentes al estándar normativo, minorías, experimentan una mayor probabilidad conductas suicidas, por su mayor exposición a prejuicios/estigma, discriminación y exclusión social. En estas circunstancias se encuentran las personas con discapacidad y, de manera particular, las mujeres y niñas con discapacidad.

Banco de Santander y Plena Inclusión han presentado una guía y dos vídeos relacionados con la ciberseguridad y la banca online con el objetivo de facilitar las gestiones con dinero (desde la web o el móvil) a personas con dificultades de comprensión.

Cualquier persona puede utilizar estos materiales relacionados con las finanzas y, además, se encuentran disponibles en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual y otras personas con dificultades de comprensión de documentos.

Algunos de los consejos que se explican están relacionados con: usar la aplicación móvil del banco, hacer bizums, compras directas con el móvil, etc.

Podéis acceder al documento aquí: Guía

Y podéis visualizar los vídeos aquí: Materiales vídeo

Fuente: Plena Inclusión

Las personas con discapacidad física tienen reconocidos, por ley, los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, pero todavía hoy existen vulneraciones flagrantes de estos derechos.  

Según el informe Radar ECOM, que recoge y analiza los datos registrados por esta entidad a lo largo del 2021 sobre las vulneraciones de derechos que han sufrido las personas que atienden, de un total de 318 vulneraciones detectadas, el 60,7% las han sufrido mujeres con discapacidad física.  

El informe también menciona que el principal agente vulnerador ha sido la administración pública (en el 65,4% de los casos), y el derecho más vulnerado ha sido la accesibilidad.  

Los derechos que han sido más vulnerados son:  

• Derecho a la accesibilidad (18,6%): problemas en la edificación general, barreras arquitectónicas en los espacios públicos y problemas de accesibilidad a las viviendas.  
• Derecho a un nivel de vida adecuado y protección social (17,4%): la reducción, el rechazo o la pérdida de prestaciones sociales; y las trabas burocráticas y el tiempo de espera por el acceso a ayudas y prestaciones. Según el informe, un 16,4% de las personas con discapacidad física se encuentra en riesgo de exclusión social.  
• Derecho a la movilidad y el transporte (18,6%): problemas de acceso al transporte, transgresiones sobre los aparcamientos para personas con movilidad reducida y vulneraciones en los autobuses adaptados.  

Fuente: Social.cat 

La semana pasada tuvo lugar un encuentro online donde se presentaron datos de la nueva encuesta EDAD 2020. Ésta se ha desarrollado con el objetivo de conocer las discriminaciones existentes hacia las personas con discapacidad. Se trata de una macro-encuesta dirigida al conjunto de personas de 2 y más años que reside en viviendas familiares en todo el territorio nacional. 

En los próximos meses se llevará a cabo el trabajo de campo para poder recoger con más profundidad los datos necesarios y, en el futuro, se irán abriendo más áreas temáticas.  

Con los datos obtenidos se trasladará la información a la sociedad para la continua sensibilización de esta realidad, como también se hará llegar a los gobiernos y comunidades autónomas para que conozcan sus territorios y puedan elaborar nuevas políticas sociales. 

Podéis acceder a la información recogida de la encuesta desde aquí: https://www.odismet.es/once-edad/  

En esta web se presentan los principales resultados de la EDAD Hogares 2020 de un modo gráfico e interactivo, dirigido a facilitar su difusión y comprensión. 

Podéis recuperar el diálogo en el YouTube de Servimedia y también aquí: https://www.youtube.com/watch?v=o9Q4g1IeSg8  

Según datos recientes publicados por Dincat, actualmente todavía existen muchas barreras a causa de la falta de accesibilidad cognitiva en muchos ámbitos: cultura, salud, justicia, política, … Estas barreras dificultan la participación social de las personas con discapacidad intelectual.

Destaca que “más del 70% del colectivo considera que la información de la administración pública no es accesible; el 40% no entiende las pautas médicas; el 80% no tiene herramientas para comprender las leyes y más del 50% afirma que hay pocos libros adaptados a lectura fácil”.

Carles Campuzano, director de Dincat, expone que: “Nos hace falta, por lo tanto, un mundo más fácil de entender para que las personas con discapacidad intelectual tengan las mismas oportunidades que el resto, sin tener que depender otras personas”. Campuzano recuerda que “la accesibilidad cognitiva es un derecho que tienen todas las personas y que beneficia de manera especial personas con dificultades de comprensión como las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”.

Fuente: Diari de la Discapacitat

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) saluda que España finalmente cuente con un marco normativo general de igualdad de trato y no discriminación, dispositivo legal imprescindible para combatir conductas discriminatorias.

El Boletín Oficial del Estado publicó hace unos días   la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación y la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, disposiciones legales que cubren una laguna del ordenamiento jurídico español y que lo alienan con las exigencias en la materia de la Unión Europea.

En esta nueva legislación queda recogida la discapacidad como situación protegida de máximo nivel, sin que esto impida que siga rigiendo el marco específico de no discriminación por razón de discapacidad establecido en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Fuente: CERMI