Vivienda

El 80% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia de género

El 80% de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia machista. Estos datos se pusieron sobre la mesa durante la jornada “Violencia en la mujer con especial vulnerabilidad. Realidad y abordaje”, organizada por la Fundación Hospitalarias con el apoyo del Ministerio de Igualdad.

Los tipos de violencia más comunes varían según el colectivo: en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, predomina la violencia física y sexual, mientras que entre las mujeres con trastorno mental grave, la más habitual es la violencia psicológica. En estos últimos casos, las agresiones suelen producirse dentro del núcleo familiar o de la pareja, mientras que en las mujeres con discapacidad intelectual acostumbran a provenir del entorno social o cercano a la familia.

Los expertos han insistido en la importancia de capacitar al entorno para identificar y acompañar a las víctimas, y han alertado sobre la peligrosa tendencia a cuestionar su credibilidad, lo que a menudo dificulta el acceso a la justicia. “Son los propios agresores quienes les hacen creer que nadie las va a creer porque tienen un trastorno mental”, explicó Belén Gall, directora general para la Erradicación de las Violencias Machistas de la Generalitat de Catalunya.

Según Conchita Peña, directora de la línea social de la Fundación Hospitalarias en Cataluña, es importante estar atentos a señales como:

  • Cambios de comportamiento o hábitos, especialmente en mujeres con discapacidad intelectual.
  • Situaciones de aislamiento o miedo que rompen con sus rutinas habituales.
  • En mujeres con trastorno mental grave, desestabilización de su patología, conductas sumisas o limitación en la toma de decisiones.

Los expertos reclaman mayor formación, sensibilización y recursos para proteger a estas mujeres y garantizar sus derechos ante la dificultad para denunciar y el estigma social que a menudo sufren.

Fuente: Social.cat

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La reforma de la Ley de Dependencia prevé que la instalación de un ascensor en un edificio sea obligatoria si un vecino lo solicita

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de ley que modifica la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad, con el objetivo de reforzar la accesibilidad y ampliar los derechos de las personas con discapacidad y dependencia en España.

Uno de los cambios es la obligatoriedad de realizar mejoras de accesibilidad en los edificios de comunidades de vecinos si una persona con discapacidad lo solicita, abarcando medidas como la instalación de ascensores o rampas. Según el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), más de 100.000 personas con discapacidad están confinadas en sus hogares debido a la falta de infraestructuras accesibles en sus edificios.

Con esta reforma, las comunidades de propietarios también deberán gestionar las ayudas y subvenciones existentes para costear las intervenciones, mientras que los ayuntamientos y gobiernos autonómicos proporcionarán estos recursos.

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Cataluña aprueba el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad

La Generalitat catalana ha aprobado el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento que busca adaptar las políticas públicas a las necesidades del colectivo en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante el acto de aprobación, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado que el pacto hace de Cataluña un país “más humano, más digno y más solidario” y ha subrayado que “no es un punto de llegada, sino un punto de partida”, llamando a su cumplimiento. Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha señalado que el documento refuerza el compromiso institucional para garantizar derechos y avanzar hacia el pleno cumplimiento de la convención de la ONU. Según datos oficiales, en Cataluña hay más de 720.000 personas reconocidas con discapacidad, un 8,99% de la población.

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Una mujer en silla de ruedas supera la inundación de la DANA en Picaña: “Al menos sigo con vida y tengo una casa”

Una semana después de las lluvias provocadas por la DANA (con más de 200 muertos y pérdidas materiales incalculables), la Comunidad Valenciana sigue en un estado de emergencia y recuperación. Además de los fallecidos, el temporal arrasó con viviendas, negocios y cultivos, dejando en situación de precariedad a muchas personas. El único consuelo de los sobrevivientes es haber logrado salir con vida.

Montse Alabarta, vecina de Picaña y usuaria de silla de ruedas, vivió momentos de angustia cuando una tromba de agua inundó la planta baja de su vivienda adaptada a sus necesidades de movilidad. Aferrada a su silla, Montse explica cómo el agua alcanzó la altura de la ventana, convirtiendo su hogar en una «prisión» de la que solo pudo escapar gracias a la ayuda de sus hijos. “Si la tromba de agua me llega a pillar sola, me habría puesto a llorar y lo peor es que no habría salido”, comenta Montse.

Diego Caballero, residente de Algemesí y presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de la zona, también fue otra de las personas “afortunadas”. Debido a su enfermedad, estaba en proceso de mudanza a una vivienda adaptada en una planta baja, pero las lluvias le sorprendieron antes de trasladarse. De haber estado ya en su nuevo hogar, probablemente lo habría perdido todo, confiesa. Aunque el ascensor de su edificio quedó inutilizable por las inundaciones, Diego agradece que, en su actual segunda planta, evitó mayores daños.

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Las personas con discapacidad siguen soportando un riesgo de pobreza y/o exclusión más elevado que aquellas que no tienen discapacidad

El 17 de octubre, en conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se dieron a conocer los datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) sobre el Estado de la Pobreza. Desde 2018, el informe incluye un análisis específico de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, mostrando un riesgo notablemente superior de pobreza y exclusión en comparación con la población sin discapacidad. En 2023, el 31% de las personas con discapacidad en España estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que para las personas sin discapacidad esta cifra fue del 22,7% (una diferencia de 8,3 puntos menos), subrayando una brecha profunda que afecta a quienes tienen mayores barreras.

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El Gobierno plantea crear viviendas con apoyos para personas dependientes y mejorar las inspecciones

El Consejo de ministros ha aprobado este martes la Estrategia estatal para un nuevo de modelo de cuidados en la comunidad, la hoja de ruta que dibuja hacia dónde deben evolucionar las políticas públicas entre 2024 y 2030 para transitar desde una cultura “asistencialista” hasta un tipo de apoyos que se adapte a las preferencias y necesidades de cada persona y que les permita continuar en su entorno.

El documento se marca cinco grandes ejes de trabajo (que van desde la prevención hasta cambios normativos, pasando por la participación de las personas), divididos a su vez en objetivos y líneas de actuación, que proponen distintas iniciativas. Será en los planes operativos, que se aprobarán cada dos años, donde se detallen qué acciones concretas desarrollará cada ministerio o comunidad en ese periodo y qué presupuesto conlleva, ya sea aportado por el Ejecutivo o por las autonomías o entidades locales.

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El 87% de los edificios de viviendas necesitan realizar actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas para mejorar su accesibilidad

Un informe de la Fundación Mutua de Propietarios revela que el 87% de los edificios de viviendas en España requieren adaptaciones para mejorar su accesibilidad, lo que supondría un coste medio de 1.361€ por hogar. A pesar de que el 63% de los españoles creen que un edificio accesible revaloriza sus inmuebles, el 70% considera difícil alcanzar un acuerdo entre vecinos para realizar esta inversión.

Los españoles puntúan la accesibilidad de sus edificios con un 5,7 sobre 10. De hecho, el 25% de los edificios tiene un escalón en el acceso al portal, el 56% posee porteros automáticos no accesibles y el 48% de los portales pesa demasiado. Sin embargo, el informe “Accesibilidad en el edificio: ¿gasto o inversión?” apunta a las barreras relacionadas con el ascensor como las actuaciones con un mayor grado de urgencia. El 17% de los edificios no tienen ascensor y, de los que sí tienen, el 11% presenta un escalón que dificulta el acceso hasta él.

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Bustinduy anuncia que la reforma de las leyes de Discapacidad y de Dependencia se aprobará este verano

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, ha anunciado que este verano se aprobará la reforma de las leyes de Discapacidad y de Dependencia. Esta reforma se aprobará a través de un anteproyecto de ley que pondrá en el centro la autonomía personal de personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

En cuanto a la discapacidad, Bustinduy ha destacado que la reforma legislativa ajustará la ley al mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que establece que las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos con libertad e igualdad. Según el ministro, las nuevas medidas que actualizará la ley se están diseñando desde un enfoque de inclusión, accesibilidad universal y autonomía.

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Naciones Unidas toma Support-Girona como referente en el apoyo a las personas con discapacidad

El último informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) destaca Support-Girona (entidad catalana) como referente internacional en buenas prácticas de los sistemas de apoyo para la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad.

¿Qué es el apoyo a la toma de decisiones?

El apoyo a la toma de decisiones hace referencia a prácticas, acuerdos, relaciones y ajustamientos diseñados para que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones sobre su trayecto de vida, incluyendo la manera en como estas decisiones se comunican y se llevan a la práctica. A pesar de que hace más de dos años que entró en vigor la reforma de ley de la capacidad jurídica (ley estatal 8/2021 y decreto ley catalán 19/2021), las personas con discapacidad intelectual o psicosocial todavía ven restringido su derecho a la capacidad jurídica y, en consecuencia, el derecho a tomar decisiones que afectan algunas áreas de su vida, por no contar con el entorno o el apoyo adecuado.

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100.000 personas con movilidad reducida viven confinadas por falta de accesibilidad

La Fundación Mutua de Propietarios ha publicado un estudio sobre la falta de accesibilidad que afrontan diariamente las personas con movilidad reducida en España. La investigación señala que más de 100.000 individuos se ven obligados a quedarse en casa debido a este motivo.

El estudio revela que en áreas urbanas, el 79% de las personas con discapacidad deben hacer frente a obstáculos significativos para acceder a su comunidad, y que la situación es aún más preocupante en las zonas rurales, donde el porcentaje se eleva hasta el 86% y hasta el 90% de las personas con discapacidad encuentra obstáculos para participar en actividades de ocio. Estos datos subrayan la importancia de abordar no solo la accesibilidad física, sino también la inclusión en la vida social y cultural. Como explica Beatriz Coleto, Coordinadora del Centro Especial de Empleo de Vivofácil, «la definición de la ONU sobre discapacidad nos recuerda que se trata de una condición que, en interacción con diversas barreras sociales, puede obstaculizar la participación plena y efectiva de las personas en la sociedad. Esto no es un asunto individual, sino un reflejo de la propia sociedad y de la necesidad de un cambio».

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