Respaldo unánime en el Senado a incluir la accesibilidad cognitiva en la Ley General de Discapacidad

El martes 22 de febrero, la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Senado aprobó el informe elaborado por la ponencia sobre la proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, encaminada a regular y establecer la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.

El objetivo es garantizar el derecho de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo a acceder a la información y al conocimiento de su entorno, para una mejor inclusión y participación social.

Como bien comenta CERMI “Esta reforma define la accesibilidad cognitiva dentro del marco general de accesibilidad universal; establece los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible; prevé la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva; incluirá esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad, y habilitará al Gobierno para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones”.

Para que el texto se apruebe de forma definitiva, deberá de someterse a votación en el Pleno de la Cámara Alta.

Fuente: CERMI

El Real Patronato sobre Discapacidad organiza una sesión informativa sobre los mecanismos de reclamación de los derechos de estas personas

El próximo 3 de marzo, a las 16.30 horas, el Real Patronato sobre Discapacidad realizará una sesión informativa online sobre “Mecanismos de reclamación de los derechos de las personas con discapacidad”, con el objetivo de tratar cuestiones que faciliten el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, para conocer cómo actuar ante un caso de discriminación y a donde dirigirse.

El enlace directo para la sesión informativa es: https://www.youtube.com/watch?v=5AFULTNOXNE

Fuente: Servimedia

14 años sin actualizar los datos oficiales sobre discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Instituto Nacional de Estadística (INE) la conclusión y presentación inmediata de la nueva ‘Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia’, para que actualice los últimos datos de 2008, que ya se encuentran desfasados.

Disponer de datos actuales y fieles es necesario para tener un conocimiento exacto y para tomar decisiones acertadas de política pública y promover legislaciones adecuadas.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas obliga a recopilar información adecuada (datos estadísticos y de investigación), pero el CERMI denuncia que no se está cumpliendo debido a que la nueva gran estadística sobre discapacidad debería haberse hecho en 2018.

El proyecto PARTICIPA del Institut Guttmann contribuye a la recopilación de datos cuantitativos sobre la situación de las personas con discapacidad en España y Andorra.

Fuente: Somos pacientes

Un informe critica la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por incumplir la Convención de la ONU sobre Discapacidad

Un informe del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid expone que existen aspectos “anacrónicos” y contrarios a los estándares internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Para hacer balance de los 15 años de aplicación de la norma en el Derecho Español se ha elaborado este informe por la Clínica Jurídica de Derechos Humanos a petición del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

El informe concluye que la ley: dispone de un enfoque que está alejado del modelo social de la discapacidad, ocupándose solo de factores personales y no teniendo en cuenta aspectos del entorno; se aleja de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con discapacidad, porque actualmente el sistema de servicios y prestaciones es “demasiado asistencialista”; carece de una perspectiva de género adecuada y apenas se ocupa de las personas con discapacidad que viven en instituciones. Además, la ley debe adaptarse a la modificación del Código Civil que puso fin a la incapacitación jurídica en junio de 2021.

Fuente: CERMI

¿Qué es la accesibilidad cognitiva?

La accesibilidad cognitiva es la propiedad con la que cuentan los entornos, edificios, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, herramientas, instrumentos, tecnologías y dispositivos que son fáciles de entender. La accesibilidad cognitiva puede beneficiar a todas las personas y, especialmente, a aquellas que tienen mayores dificultades de compresión, como personas con discapacidad intelectual, con autismo, mayores o que no entienden la lengua.

Algunos recursos y herramientas para lograr este tipo de accesibilidad son:

• Lectura fácil
• Contenidos digitales comprensibles y accesibles
• Apoyos para la comunicación social
• Lenguaje claro
• Señalización comprensible
• Criterios medioambientales

La accesibilidad cognitiva es un derecho recogido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se incluye dentro del concepto de Accesibilidad y Diseño Universal, y se concreta en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (normativa española).

Fuente: Tododisca

El Cermi presenta 56 denuncias por ausencia de accesibilidad de la Administración del Estado en las comunidades autónomas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado 56 denuncias documentadas en el Defensor del Pueblo y la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la falta de accesibilidad en dependencias, entornos y servicios de la Administración General del Estado (AGE) en los distintos territorios autonómicos.

El CERMI estatal ha elaborado un documento global con ejemplos representativos de servicios públicos, dependientes de la AGE y situados o prestados en las distintas comunidades y ciudades autónomas que incumplen la normativa de accesibilidad universal y vulneran los derechos de las personas con discapacidad.

De estás 56 denuncias se abarcan ámbitos como: edificación y urbanismo, medios audiovisuales, entornos digitales y atención a la ciudadanía, entre otros.

Fuente: Servimedia

Ley de accesibilidad universal

La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que todas las personas, incluso con dificultades de movilidad, de comunicación o del entendimiento, puedan acceder a un lugar, objeto o servicio.

La accesibilidad universal es aquella que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, como también de los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para que todas las personas lo puedan utilizar de la forma más autónoma y natural posible. La podemos relacionar con:

• Arquitectónica: referida a edificios públicos como también privados.
• Urbanística: al medio urbano o físico.
• Transporte: a los medios de transporte públicos.
• Comunicación: a la información individual y colectiva.
• Digital: facilidad de acceso a las TIC y a los contenidos de Internet.

La accesibilidad es un derecho de toda persona y es importante para garantizar el cumplimento del principio de igualdad. Como comenta Tododisca “Desde el punto de vista poblacional, podemos decir que la accesibilidad es fundamental para un 10 % de la población, para un 40 % es necesario y para el 100 % es confortable”.

Fuente: Tododisca

La formación de la figura de asistente personal: resistencia del sistema y retos del modelo social

En la actualidad, nos encontramos ante un reto con relación a la cualificación profesional de la figura laboral en la asistencia personal, que no encaja en los procesos en los que se regulan otras figuras profesionales del sistema de atención a la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

La Asistencia Personal (AP) es un derecho humano y el objetivo principal es facilitar que la persona con discapacidad ejerza su derecho a tomar decisiones sobre la base de sus emociones, sentimientos y deseos, para poder llevar a cabo su proyecto de vida y gestionar su propio servicio.

Esta situación de falta de comprensión de la naturaleza de la figura de AP y de vacío normativo ha forzado a las entidades y movimientos activistas que promueven la AP a defender el desarrollo del modelo y la gestión de la figura tal y como es, y sobre la base de los principios fundamentales con los que se creó.

Fuente: Institut Guttmann Revista Sobreruedas