Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en 2021 respecto al año anterior la contratación de personas con discapacidad en nuestro país creció un 32%, pero aún sigue siendo un 13% inferior a tiempos prepandemia.
Datos del INE muestran que 664.000 personas con discapacidad se encuentran activas y hay una tasa de actividad del 34,3%, siendo una cifra muy alejada del 76% de personas sin discapacidad. Tener una discapacidad conlleva enfrentarse diariamente a barreras físicas, sociales o de comunicación que limitan su participación y conllevan serias dificultades a la hora de encontrar un empleo, viendo así limitada su autonomía y capacidad de autorrealización personal.
La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que las empresas, tanto públicas como privadas, que cuentan con un equipo de 50 o más trabajadores, están obligadas a reservar un mínimo 2% de los puestos para la contratación de personas con discapacidad. Contar con personas con discapacidad dentro de una organización solamente puede traer consigo consecuencias positivas como, por ejemplo, una mejora en el clima laboral, un impulso del trabajo en equipo, un mayor compromiso por parte los trabajadores o una mejora de la reputación corporativa, entre otras. Pero no solo eso, sino que, además de estar fomentando su inclusión profesional y demostrar que nuestra empresa es una empresa con valores, comprometida con las personas y que se preocupa por promover la justicia social, también podremos asegurarnos importantes beneficios económicos. De este modo, por un lado, las empresas colaboran con la sociedad y a la vez perciben ciertas ventajas fiscales.
La contratación de personas con discapacidad da acceso a las empresas a una serie de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad. Además, la Ley del Impuesto de Sociedades (LIS) regula la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad que permite aplicarse una deducción de 9.000€ o 12.000€ por cada trabajador contratado según su grado de discapacidad.
Fuente: Diario responsable
