Las Naciones Unidas realizó en 2022 una nueva guía que pretende recoger directrices y recomendaciones para la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, para reformar el sector en forma de organizaciones comunitarias, y para avanzar en el derecho de vivir de manera autónoma y con libertad para tomar las propias decisiones.
El documento, Guidelines on deinstitutionalization, including in emergencies (CRPD/C/27/3), enmarcado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2006), establece los principios para avanzar en los procesos de desinstitucionalización:
- La institucionalización contradice el derecho de las personas con discapacidad a ser incluidas en la comunidad.
- Hay que abolir todas las formas de institucionalización y dejar de invertir en instituciones.
- Las instituciones nunca tienen que ser consideradas como una forma de protección de las personas con discapacidades ni como una libre elección.
El documento también aporta información sobre los rasgos definitorios para entender qué es una institución:
- Obligatoriedad de compartir asistencia con otras personas sin ninguna libertad de elección sobre quién proporciona esta asistencia.
- Aislamiento y segregación de la vida independiente en la comunidad.
- Carencia de control sobre las decisiones del día a día.
- Carencia de elección de las personas con quienes se convive.
- Etc.
No existe ninguna justificación para perpetuar la institucionalización de las personas con discapacidad. Según la guía de Naciones Unidas, los procesos de desinstitucionalización tienen que revertir la práctica injusta de la institucionalización. Todas las personas tienen derecho a iniciarlo cuando lo deseen y a recibir asistencia para completar los requerimientos.
El documento indica las siguientes directrices para avanzar en este camino:
- Respetar el derecho de la persona a tomar decisiones en todos los aspectos de dejar una institución, ofreciéndole apoyo si lo necesita.
- Dar tiempo y oportunidades suficientes para prepararse física y emocionalmente para la vida en comunidad. Las administraciones deberían garantizar que las personas tengan un plan individualizado según sus preferencias al dejar la institución.
- Respetar a las personas institucionalizadas como supervivientes a quienes se les debe una compensación, y proporcionarles información y oportunidades para participar plenamente en el plan y la implementación de la desinstitucionalización.
- Ofrecer a las personas un margen amplio de experiencias en la comunidad como preparación para dejar la institución; ayudarlas a ganar experiencia, fortaleza y habilidades sociales y cotidianas y a vencer los miedos que puedan tener de la vida independiente.
- Proporcionar a las personas información sobre las opciones de vivienda, transporte y ocupación, además de rentas individualizadas y otras medidas necesarias para garantizar su calidad de vida.