A lo largo de casi dos décadas, los colectivos de personas con discapacidad han liderado una batalla para lograr una reforma constitucional que elimine el término «disminuidos» del artículo 49 de la Constitución Española. A pesar de múltiples negociaciones y promesas, la modificación aún no se ha concretado.

El artículo 49 actual establece que los poderes públicos deben realizar políticas para la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas «disminuidas» físicas, sensoriales y psíquicas. Los defensores de la reforma consideran que esta expresión, presente desde 1978, resulta desfasada y despectiva.

Con los años, se han producido avances y retrocesos en la propuesta de cambio. En 2018, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) logró un acuerdo unánime en la Comisión de Trabajo para modificar el texto. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales detuvo el proceso. En 2021, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de reforma, pero este fue rechazado en septiembre del mismo año.

Actualmente, el Gobierno busca reactivar las negociaciones para abordar tres temas fundamentales al inicio de la legislatura: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la nueva financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución.

La comunidad de personas con discapacidad espera que esta reformase materialice finalmente, marcando así un hito importante en la inclusión y respeto a los derechos fundamentales del colectivo. Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión España, comenta que “es un tema que lleva demasiado tiempo encima de las mesas” y que esta reforma se trata de un cambio sustancial, ya que la discapacidad está ligada a un enfoque de derechos humanos y, por lo tanto, el término ahora se siente como “hiriente, ofensivo y despectivo”.

Fuente: Huffingtonpost.es