España prohíbe las esterilizaciones no consentidas de mujeres con discapacidad
El 18 de diciembre entró en vigor la modificación del Código Penal en España que prohíbe las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Una práctica que supone una vulneración de los derechos reproductivos y que en la última década ha afectado a un millar de mujeres en España.
La esterilización forzosa es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008 y que reconoce el derecho a que “las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones que las demás”.
Además, el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres, en vigor en España desde 2014, tipifica las esterilizaciones forzosas como delito. Sin embargo, se han seguido realizando. Solo en 2016 se llevaron a cabo en España 40 esterilizaciones no consentidas, y en el periodo 2005-2013 hubo 865 intervenciones, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Según la presidenta de la Confederación Española de Personas con discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Aragón, Marta Valencia, las esterilizaciones no consentidas de las personas con discapacidad son un tipo de violencia “invisibilizada, asumida y normalizada”, ya que muchas mujeres ni siquiera saben que las han esterilizado o que están en ese proceso cuando, por ejemplo, se les aplican inyecciones o parches sin su consentimiento. Valencia añade que normalmente se hacen a petición de la familia y con intención de prevenir o sobreproteger, pero que en realidad se trata de “un abuso de las mujeres con discapacidad”.
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