La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) han manifestado su preocupación ante la inminente reforma de la Ley General de Discapacidad y la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que el Gobierno planea aprobar el próximo 11 de febrero. Entre otros aspectos, la reforma plantea avanzar hacia la desinstitucionalización, promoviendo que los dependientes permanezcan en sus hogares, mejorar la coordinación entre servicios sociales y sanitarios, actualizar los criterios de valoración y reforzar la figura del asistente personal. Además, busca adaptar la normativa al nuevo artículo 49 de la Constitución, que refuerza los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, las patronales advierten que, sin financiación suficiente ni diálogo con el sector, estas medidas podrían ser inviables.
Los presidentes de ambas entidades, Ignacio Fernández-Cid e Ignacio Gamboa, comentan que la normativa agrupa a colectivos con necesidades muy diferentes, como personas con discapacidad, menores y otros grupos vulnerables, lo que dificultará una atención específica y eficaz.
Además, advierten sobre los riesgos de la desinstitucionalización, ya que, aunque la idea de que los dependientes permanezcan en sus hogares suena positiva, en la práctica es inviable sin una mayor inversión. “Hoy, un dependiente de grado 3 recibe apenas 57 horas de ayuda al mes, lo cual es insuficiente”, señala Fernández-Cid.
Falta de profesionales y financiación estancada
Otro desafío importante es la escasez de personal, ya que no existen planes efectivos para atraer trabajadores. A esto se suma la congelación de tarifas, lo que dificulta mejorar las condiciones laborales y aumentar el personal necesario. «Nos exigen mejoras, pero sin financiación suficiente, es imposible garantizar un servicio de calidad», lamenta Fernández-Cid. Desde la patronal denuncian que el Gobierno no ha contado con los principales actores del sector para diseñar la reforma, a pesar de que el 75% de las residencias y el 95% de la asistencia domiciliaria están en sus manos.
Fuente: Discamedia