El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, un ambicioso acuerdo que tiene como objetivo garantizar una atención transversal e integral a este colectivo, asegurando su plena inclusión social y el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad de condiciones.

Según ha explicado el Ejecutivo catalán, el pacto pretende adaptar las políticas públicas a los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cambiando el enfoque tradicional centrado en las limitaciones individuales, para poner el foco en las barreras sociales y ambientales que dificultan la participación plena de estas personas en la comunidad.

El 80% de las mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia machista. Estos datos se pusieron sobre la mesa durante la jornada “Violencia en la mujer con especial vulnerabilidad. Realidad y abordaje”, organizada por la Fundación Hospitalarias con el apoyo del Ministerio de Igualdad.

Los tipos de violencia más comunes varían según el colectivo: en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, predomina la violencia física y sexual, mientras que entre las mujeres con trastorno mental grave, la más habitual es la violencia psicológica. En estos últimos casos, las agresiones suelen producirse dentro del núcleo familiar o de la pareja, mientras que en las mujeres con discapacidad intelectual suelen proceder del entorno social o cercano a la familia.

Los expertos han insistido en la importancia de capacitar al entorno para identificar y acompañar a las víctimas, y han alertado sobre la peligrosa tendencia a cuestionar su credibilidad, hecho que a menudo dificulta el acceso a la justicia. “Son los propios agresores quienes las hacen creer que nadie las va a creer porque tienen un trastorno mental”, explicó Belén Gall, directora general para la Erradicación de las Violencias Machistas de la Generalitat de Catalunya.

Según Conchita Peña, directora de la línea social de la Fundación Hospitalarias en Cataluña, es importante estar atentos a señales como:

• Cambios de comportamiento o hábitos, especialmente en mujeres con discapacidad intelectual.
• Situaciones de aislamiento o miedo que rompen con sus rutinas habituales.
• En mujeres con trastorno mental grave, desestabilización de su patología, conductas sumisas o limitación en la toma de decisiones.

Los expertos reclaman más formación, sensibilización y recursos para proteger a estas mujeres y garantizar sus derechos ante las dificultades para denunciar y el estigma social que a menudo sufren.

Fuente: Social.cat

La Generalitat catalana ha aprobado el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento que busca adaptar las políticas públicas a las necesidades del colectivo en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante el acto de aprobación, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado que el pacto hace de Cataluña un país “más humano, más digno y más solidario” y ha subrayado que “no es un punto de llegada, sino un punto de partida”, llamando a su cumplimiento. Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha señalado que el documento refuerza el compromiso institucional para garantizar derechos y avanzar hacia el pleno cumplimiento de la convención de la ONU. Según datos oficiales, en Cataluña hay más de 720.000 personas reconocidas con discapacidad, un 8,99% de la población.

El 17 de octubre, en conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se dieron a conocer los datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) sobre el Estado de la Pobreza. Desde 2018, el informe incluye un análisis específico de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, mostrando un riesgo notablemente superior de pobreza y exclusión en comparación con la población sin discapacidad. En 2023, el 31% de las personas con discapacidad en España estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que para las personas sin discapacidad esta cifra fue del 22,7% (una diferencia de 8,3 puntos menos), subrayando una brecha profunda que afecta a quienes tienen mayores barreras.

A lo largo de casi dos décadas, los colectivos de personas con discapacidad han liderado una batalla para lograr una reforma constitucional que elimine el término «disminuidos» del artículo 49 de la Constitución Española. A pesar de múltiples negociaciones y promesas, la modificación aún no se ha concretado.

El artículo 49 actual establece que los poderes públicos deben realizar políticas para la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas «disminuidas» físicas, sensoriales y psíquicas. Los defensores de la reforma consideran que esta expresión, presente desde 1978, resulta desfasada y despectiva.