Respaldo unánime en el Senado a incluir la accesibilidad cognitiva en la Ley General de Discapacidad

El martes 22 de febrero, la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Senado aprobó el informe elaborado por la ponencia sobre la proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, encaminada a regular y establecer la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.

El objetivo es garantizar el derecho de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo a acceder a la información y al conocimiento de su entorno, para una mejor inclusión y participación social.

Como bien comenta CERMI “Esta reforma define la accesibilidad cognitiva dentro del marco general de accesibilidad universal; establece los ámbitos, condiciones y plazos en los que será exigible; prevé la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva; incluirá esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad, y habilitará al Gobierno para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones”.

Para que el texto se apruebe de forma definitiva, deberá de someterse a votación en el Pleno de la Cámara Alta.

Fuente: CERMI

El Real Patronato sobre Discapacidad organiza una sesión informativa sobre los mecanismos de reclamación de los derechos de estas personas

El próximo 3 de marzo, a las 16.30 horas, el Real Patronato sobre Discapacidad realizará una sesión informativa online sobre “Mecanismos de reclamación de los derechos de las personas con discapacidad”, con el objetivo de tratar cuestiones que faciliten el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, para conocer cómo actuar ante un caso de discriminación y a donde dirigirse.

El enlace directo para la sesión informativa es: https://www.youtube.com/watch?v=5AFULTNOXNE

Fuente: Servimedia

14 años sin actualizar los datos oficiales sobre discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Instituto Nacional de Estadística (INE) la conclusión y presentación inmediata de la nueva ‘Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia’, para que actualice los últimos datos de 2008, que ya se encuentran desfasados.

Disponer de datos actuales y fieles es necesario para tener un conocimiento exacto y para tomar decisiones acertadas de política pública y promover legislaciones adecuadas.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas obliga a recopilar información adecuada (datos estadísticos y de investigación), pero el CERMI denuncia que no se está cumpliendo debido a que la nueva gran estadística sobre discapacidad debería haberse hecho en 2018.

El proyecto PARTICIPA del Institut Guttmann contribuye a la recopilación de datos cuantitativos sobre la situación de las personas con discapacidad en España y Andorra.

Fuente: Somos pacientes

Un informe critica la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia por incumplir la Convención de la ONU sobre Discapacidad

Un informe del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid expone que existen aspectos “anacrónicos” y contrarios a los estándares internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Para hacer balance de los 15 años de aplicación de la norma en el Derecho Español se ha elaborado este informe por la Clínica Jurídica de Derechos Humanos a petición del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

El informe concluye que la ley: dispone de un enfoque que está alejado del modelo social de la discapacidad, ocupándose solo de factores personales y no teniendo en cuenta aspectos del entorno; se aleja de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con discapacidad, porque actualmente el sistema de servicios y prestaciones es “demasiado asistencialista”; carece de una perspectiva de género adecuada y apenas se ocupa de las personas con discapacidad que viven en instituciones. Además, la ley debe adaptarse a la modificación del Código Civil que puso fin a la incapacitación jurídica en junio de 2021.

Fuente: CERMI