El 18 de octubre, el Consejo de ministros y ministras aprobó el Real Decreto que establece el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Este nuevo baremo sustituye el de 1999, adaptándose al modelo social de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Con este cumplimiento se dará respuesta a una demanda de las personas con discapacidad que lleva bloqueada 10 años, siendo un colectivo de 4,38 millones de personas en España. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, afirma que, «por fin terminamos con esa situación aprobando un nuevo baremo con criterios más objetivos, más precisos y humanos, los trámites van a ser más agiles y flexibles”.
El texto aprobado establece también: un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social, de salud o esperanza de vida, y reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia de género (ya que, según la última encuesta, el 17,5% tienen una discapacidad ocasionada por la violencia). Además, este nuevo baremo permitirá realizar una valoración y calificación más certera de realidades que causan discapacidad como las discapacidades psicosociales, el autismo o las enfermedades raras.
Ya se está programando desde la Administración una formación especializada a todo el personal en las nuevas herramientas, como otra garantía de equidad en su aplicación.