Cermi Mujeres aboga por políticas de desinstitucionalización con reformas estructurales “más allá” del cierre de estas instituciones

La Fundación Cermi Mujeres (FCM) defiende que se impulsen políticas de desinstitucionalización. Así se manifestó durante la celebración de la V Conferencia Sectorial de Mujeres y Niñas con Discapacidad donde la coordinadora de FCM, Isabel Caballero, se centró en cómo abordar políticas de desinstitucionalización, comentó las legislaciones y normativas que se han utilizado e hizo énfasis en la necesidad de que se tenga garantizado el derecho a la elección del lugar de residencia como también el acceso a la variedad de servicios e instalaciones. Todo ello para que se inicie un proceso de reforma que “destierre” la idea de que la única solución para una persona con discapacidad, con alto nivel de servicios especiales, sea la institucionalización.

Algunas de las acciones que se plantearon fueron: contemplar una serie de servicios personalizados o contar con un canal de consulta directa, entre otras. Además, en la ponencia también se trataron temas como: la institucionalización como violación de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad (el 70% en las residencias son mujeres), defendiendo que es esencial un modelo de cuidados para favorecer que las personas puedan permanecer en su casa, siempre y cuando se tengan apoyos necesarios, y que la figura de la asistencia personal es clave.

Fuente: Servimedia

El Síndic de Greuges reclama actuar con urgencia para paliar la falta de plazas residenciales para niños con discapacidad

Los últimos años, el Síndic ha recibido quejas debido a la lista de espera para la asignación de una plaza residencial para menores de 18 años con discapacidad, ya que este proceso avanza muy lentamente y los niños pueden esperar más de un año y medio para acceder al recurso recomendado para la administración.

En 2017, el Departamento de Trabajos, Asuntos Sociales y Familias disponía de 14.576 plazas para personas adultas con discapacidad y 1.581 plazas para personas con una enfermedad mental, pero ninguna de estas iba dirigida a menores de 18 años. Con ello, el 2018 se crearon 74 plazas de recursos terapéuticos: 12 para niños y adolescentes con discapacidad y trastorno de la conducta, 15 para niños y adolescentes con discapacidad y 35 para niños con trastorno mental y trastorno de conducta.

El Síndic insiste en la necesidad de aumentar el número de plazas residenciales disponibles para los niños y adolescentes, argumentando que supone la vulneración de los derechos de los niños.

Fuente: Social.cat

Andalucía presenta la Guía de Señalización Accesible en Edificios

Andalucía ha presentado la nueva «Guía de Buenas Prácticas para una señalización accesible en los edificios» impulsada por la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión.

El objetivo de la guía es romper con algunas barreras cognitivas de los edificios y unificar criterios.

Según Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la guía ayudará a unificar criterios para señalizar los espacios de Andalucía para que tengan idénticos pictogramas, haciendo así entornos más accesibles y promoviendo la autonomía personal.

Fuente: Tododisca

100.000 personas siguen «confinadas» por falta de vivienda accesible, asequible e inclusivo

La Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (PREDIF) denuncia la falta de vivienda accesible, asequible e inclusivo que existe en España. Este incumplimiento produce que más de 269.000 personas con discapacidad vivan institucionalizadas por no tener otra alternativa y según datos del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) hay 100.000 personas con discapacidad confinadas en viviendas sin adaptar según sus necesidades.

PREDIF recuerda que la accesibilidad es un derecho humano que está especificado en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.

Así pues, la plataforma apoya la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y reivindica la asequibilidad de viviendas mediante políticas públicas que faciliten soluciones de vivienda dignas, adecuadas y elegidas, así como la protección judicial del derecho a la vivienda. Según el CERMI, no hay medios para que las personas con discapacidad puedan exigir el derecho o buscar reparaciones ante desahucios o barreras.

Fuente: Tododisca