A lo largo de casi dos décadas, los colectivos de personas con discapacidad han liderado una batalla para lograr una reforma constitucional que elimine el término «disminuidos» del artículo 49 de la Constitución Española. A pesar de múltiples negociaciones y promesas, la modificación aún no se ha concretado.
El artículo 49 actual establece que los poderes públicos deben realizar políticas para la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas «disminuidas» físicas, sensoriales y psíquicas. Los defensores de la reforma consideran que esta expresión, presente desde 1978, resulta desfasada y despectiva.
