Ocupación

La tasa de paro de las personas con discapacidad es de un 30,5%, el doble que la del resto de población

Según los últimos datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2020) del Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de paro de las personas con discapacidad se sitúa en un 30,5% frente al 15,6% del resto de la población.

Además, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 40 puntos porcentuales menos que para el resto de la población y su tasa de empleo (23,4%) representa aproximadamente un tercio de la observada en la población general (62%).

Respecto a la forma de búsqueda de empleo de las personas que quieren trabajar y, según el estudio, el 64,1% utilizan los contactos personales, mientras que el 40,5% recurren a los servicios públicos de empleo (SEPE).

El 38,5% de las personas con discapacidad que tienen empleo lo han encontrado a través de contactos con familiares y amigos, mientras que en el 4,5% de casos ha sido mediante el SEPE.

Fuente: Europapress

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Consejos sobre ciberseguridad y banca digital para personas con dificultades de comprensión

Banco de Santander y Plena Inclusión han presentado una guía y dos vídeos relacionados con la ciberseguridad y la banca online con el objetivo de facilitar las gestiones con dinero (desde la web o el móvil) a personas con dificultades de comprensión.

Cualquier persona puede utilizar estos materiales relacionados con las finanzas y, además, se encuentran disponibles en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual y otras personas con dificultades de comprensión de documentos.

Algunos de los consejos que se explican están relacionados con: usar la aplicación móvil del banco, hacer bizums, compras directas con el móvil, etc.

Podéis acceder al documento aquí: Guía

Y podéis visualizar los vídeos aquí: Materiales vídeo

Fuente: Plena Inclusión

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El trabajador con discapacidad tiene derecho a indemnización si el empresario no elimina las barreras arquitectónicas

El Gobierno vasco debe compensar con 40.000 euros a una profesora por discriminación.

La justicia ha dado un importante respaldo a la igualdad en el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad gracias a la sentencia de un juzgado de lo Social de Bilbao que ha condenado al Gobierno vasco a indemnizar con 40.000 euros a una profesora por no realizar las obras de accesibilidad en el colegio donde trabajaba.

La maestra del colegio de enseñanza primaria consiguió algunas mejoras de accesibilidad, pero insuficientes. El gobierno vasco se negó a eliminar las barreras arquitectónicas que dificultaban el acceso a personas con discapacidad física al colegio, por lo que la profesora demandó al Departamento de Educación por incumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales y por vulnerar sus derechos fundamentales a la dignidad, integridad física y moral, igualdad de trato y no discriminación, honor y seguridad en el trabajo.

En respuesta a dicha demanda, la titular del Juzgado de lo Social 5 de Bilbao considera que el Departamento ha incumplido las obligaciones sobre prevención de riesgos laborales y por discriminación indirecta a la trabajadora.

La no realización de obras de accesibilidad en el colegio “supone claramente que la trabajadora no pudiera participar en circunstancias de igualdad en la actividad docente por razón de su discapacidad, no pudiendo acudir a excursiones padeciendo obviamente un sacrificio mayor” y, según la jueza, “grave en el propio acceso al centro” para una persona con discapacidad.

Cabe destacar que el pasado 13 de julio se ha publicado en el BOE la Ley 15/2022 Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que recuerda que la Constitución reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Fuente: El País

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La administración pública es quien más vulnera los derechos de las personas con discapacidad física

Las personas con discapacidad física tienen reconocidos, por ley, los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, pero todavía hoy existen vulneraciones flagrantes de estos derechos.  

Según el informe Radar ECOM, que recoge y analiza los datos registrados por esta entidad a lo largo del 2021 sobre las vulneraciones de derechos que han sufrido las personas que atienden, de un total de 318 vulneraciones detectadas, el 60,7% las han sufrido mujeres con discapacidad física.  

El informe también menciona que el principal agente vulnerador ha sido la administración pública (en el 65,4% de los casos), y el derecho más vulnerado ha sido la accesibilidad.  

Los derechos que han sido más vulnerados son:  

  • Derecho a la accesibilidad (18,6%): problemas en la edificación general, barreras arquitectónicas en los espacios públicos y problemas de accesibilidad a las viviendas.  
  • Derecho a un nivel de vida adecuado y protección social (17,4%): la reducción, el rechazo o la pérdida de prestaciones sociales; y las trabas burocráticas y el tiempo de espera por el acceso a ayudas y prestaciones. Según el informe, un 16,4% de las personas con discapacidad física se encuentra en riesgo de exclusión social.  
  • Derecho a la movilidad y el transporte (18,6%): problemas de acceso al transporte, transgresiones sobre los aparcamientos para personas con movilidad reducida y vulneraciones en los autobuses adaptados.  

Fuente: Social.cat 

 

  

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Diálogo sobre “La discriminación de las personas con discapacidad”. Encuesta EDAD 2020

La semana pasada tuvo lugar un encuentro online donde se presentaron datos de la nueva encuesta EDAD 2020. Ésta se ha desarrollado con el objetivo de conocer las discriminaciones existentes hacia las personas con discapacidad. Se trata de una macro-encuesta dirigida al conjunto de personas de 2 y más años que reside en viviendas familiares en todo el territorio nacional. 

En los próximos meses se llevará a cabo el trabajo de campo para poder recoger con más profundidad los datos necesarios y, en el futuro, se irán abriendo más áreas temáticas.  

Con los datos obtenidos se trasladará la información a la sociedad para la continua sensibilización de esta realidad, como también se hará llegar a los gobiernos y comunidades autónomas para que conozcan sus territorios y puedan elaborar nuevas políticas sociales. 

Podéis acceder a la información recogida de la encuesta desde aquí: https://www.odismet.es/once-edad/  

En esta web se presentan los principales resultados de la EDAD Hogares 2020 de un modo gráfico e interactivo, dirigido a facilitar su difusión y comprensión. 

Podéis recuperar el diálogo en el YouTube de Servimedia y también aquí: https://www.youtube.com/watch?v=o9Q4g1IeSg8  

 

  

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Las personas con discapacidad intelectual denuncian que las barreras de accesibilidad cognitiva les dificulta la participación en la sociedad

Según datos recientes publicados por Dincat, actualmente todavía existen muchas barreras a causa de la falta de accesibilidad cognitiva en muchos ámbitos: cultura, salud, justicia, política, … Estas barreras dificultan la participación social de las personas con discapacidad intelectual.

Destaca que “más del 70% del colectivo considera que la información de la administración pública no es accesible; el 40% no entiende las pautas médicas; el 80% no tiene herramientas para comprender las leyes y más del 50% afirma que hay pocos libros adaptados a lectura fácil”.

Carles Campuzano, director de Dincat, expone que: “Nos hace falta, por lo tanto, un mundo más fácil de entender para que las personas con discapacidad intelectual tengan las mismas oportunidades que el resto, sin tener que depender otras personas”. Campuzano recuerda que “la accesibilidad cognitiva es un derecho que tienen todas las personas y que beneficia de manera especial personas con dificultades de comprensión como las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”.

Fuente: Diari de la Discapacitat

 

  

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El CERMI saluda que España cuenta ya con un marco general de igualdad de trato y no discriminación

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) saluda que España finalmente cuente con un marco normativo general de igualdad de trato y no discriminación, dispositivo legal imprescindible para combatir conductas discriminatorias.

El Boletín Oficial del Estado publicó hace unos días   la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación y la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, disposiciones legales que cubren una laguna del ordenamiento jurídico español y que lo alienan con las exigencias en la materia de la Unión Europea.

En esta nueva legislación queda recogida la discapacidad como situación protegida de máximo nivel, sin que esto impida que siga rigiendo el marco específico de no discriminación por razón de discapacidad establecido en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Fuente: CERMI

  

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La Comisión Europea publica el marco de seguimiento en la Estrategia por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030

La Comisión Europea ha publicado el marco de seguimiento de la Estrategia por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021 – 2030, que permite comprobar los progresos realizados en cada una de las 64 acciones.

De las 7 iniciativas, ya se han implementado dos:

  • Establecer la Plataforma de Discapacidad, en que los Estados miembros de la UE, la sociedad civil y las instituciones trabajan conjuntamente para conseguir los objetivos de la Estrategia.
  • Una Estrategia renovada de Recursos Humanos por la Comisión Europea, con acciones que promuevan la diversidad y la inclusión de las personas con discapacidad.

En el próximos meses y años se irán estableciendo otras iniciativas emblemáticas como: un paquete para mejorar la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad; un centro de recursos europeo ‘AccessibleEU’ para la mejora de la accesibilidad en todos los sectores; una propuesta de Tarjeta Europea de Discapacidad para viajar con los apoyos necesarios; una guía de recomendaciones para favorecer la vida independiente y la inclusión en la comunidad y un ‘Marco de Servicios Sociales de Excelencia’ para mejorar la calidad de los servicios comunitarios para personas con discapacidad; entre otras acciones.

Font: Diario de la Discapacidad

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Contratar a personas con discapacidad: ¿Qué beneficios tiene para las empresas?

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en 2021 respecto al año anterior la contratación de personas con discapacidad en nuestro país creció un 32%, pero aún sigue siendo un 13% inferior a tiempos prepandemia.

Datos del INE muestran que 664.000 personas con discapacidad se encuentran activas y hay una tasa de actividad del 34,3%, siendo una cifra muy alejada del 76% de personas sin discapacidad. Tener una discapacidad conlleva enfrentarse diariamente a barreras físicas, sociales o de comunicación que limitan su participación y conllevan serias dificultades a la hora de encontrar un empleo, viendo así limitada su autonomía y capacidad de autorrealización personal.

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que las empresas, tanto públicas como privadas, que cuentan con un equipo de 50 o más trabajadores, están obligadas a reservar un mínimo 2% de los puestos para la contratación de personas con discapacidad. Contar con personas con discapacidad dentro de una organización solamente puede traer consigo consecuencias positivas como, por ejemplo, una mejora en el clima laboral, un impulso del trabajo en equipo, un mayor compromiso por parte los trabajadores o una mejora de la reputación corporativa, entre otras. Pero no solo eso, sino que, además de estar fomentando su inclusión profesional y demostrar que nuestra empresa es una empresa con valores, comprometida con las personas y que se preocupa por promover la justicia social, también podremos asegurarnos importantes beneficios económicos. De este modo, por un lado, las empresas colaboran con la sociedad y a la vez perciben ciertas ventajas fiscales.

La contratación de personas con discapacidad da acceso a las empresas a una serie de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad. Además, la Ley del Impuesto de Sociedades (LIS) regula la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad que permite aplicarse una deducción de 9.000€ o 12.000€ por cada trabajador contratado según su grado de discapacidad.

Fuente: Diario responsable

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El Gobierno aprobará el nuevo baremo de valoración de la discapacidad antes de agosto: «Se incluirá una tramitación de emergencia»

Según la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el Gobierno aprobará el nuevo baremo de reconocimiento, declaración y calificación de los grados de discapacidad antes del mes de agosto para modificar el actual sistema y dar respuesta a una demanda del colectivo pendiente desde 2012. Según la ministra: «Este nuevo baremo va a encontrar mejoras en el procedimiento, posibilitando una mayor agilidad en la gestión e introduciendo una tramitación de emergencia para situaciones que, por esperanza de vida, precisen de acortar los trámites de expedición del certificado del grado de discapacidad”.

Hace apenas un mes, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) se congregaba frente a los edificios públicos como el de Sanidad o el de Derechos Sociales, para protestar contra la «desesperante» e «intolerable» espera que afrontan los miles de personas que piden que su discapacidad sea reconocida y, por ende, sus derechos; llegando hasta los 36 meses para conseguir la valoración.

También Belarra ha apelado al «sentido de Estado» para dar luz verde al nuevo acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y del sistema de dependencia. La ministra cree que este es «uno de los aspectos más importantes de la legislatura» en el que seguirán trabajando para llegar a un acuerdo en el próximo mes. Algunas de las modificaciones contempladas son el aumento de ratios de personal, eliminar las sujeciones, priorizar la atención en domicilio o reducir las unidades de convivencia a un máximo de 15 personas.

Fuente: 20minutos

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