El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, durante la presentación de Investigación. El suicidio en las personas con discapacidad en España, ha revelado que el suicidio obedece a factores de riesgo multicausales, en diferentes ámbitos que actúan de manera combinada y acumulativa. Los colectivos diferentes al estándar normativo, minorías, experimentan una mayor probabilidad conductas suicidas, por su mayor exposición a prejuicios/estigma, discriminación y exclusión social. En estas circunstancias se encuentran las personas con discapacidad y, de manera particular, las mujeres y niñas con discapacidad.
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No poder ir a la universidad por problemas de movilidad: “Todo el mundo se lava las manos”
Guiu Serra, un joven que este septiembre empieza el Grado de Filosofía en la Universidad de Girona (UdG) ha expresado las dificultades que se está encontrando en el desplazamiento hasta la facultad. Él tiene 18 años y es una persona con discapacidad motriz de 65%, no puede llegar por su cuenta al edificio y las pocas opciones de transporte disponible no se adaptan a su caso.
Llegar al campus de Barri Vell, situado en un lugar histórico, es muy difícil para una persona con discapacidad. Guiu primero debe desplazarse con autobús de Banyoles a Girona y después coger otro autobús que lo deja en una estación que se encuentra demasiado lejos para llegar andando a la facultad. La única opción que tiene es ir en taxi o bien que lo lleven sus padres.
El joven explica que en los últimos meses él y su familia han contactado con entidades sociales, que contemplan opciones para estudiantes matriculados en centros especiales para personas con discapacidad, pero no para llegar a la universidad. También han solicitado una beca de transporte para personas con discapacidad, pero no existen para estudiantes universitarios, solo para los que van a centros de secundaria o de FP. De modo que no han encontrado solución por parte de ninguna entidad ni administración pública.
A raíz de esta situación, Serra ha optado por denunciar su caso en las redes sociales y algunos estudiantes le han ofrecido poderlo llevar, pero como exclama su madre: “Él tiene que ser autónomo e ir y volver sin depender de nadie. Hasta ahora, en la ESO y en bachillerato iba y volvía solo; ¿por qué tiene que dar un paso atrás ahora que quiere ir a la universidad?”
Fuente: Ara.cat
La tasa de paro de las personas con discapacidad es de un 30,5%, el doble que la del resto de población
Según los últimos datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD-2020) del Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de paro de las personas con discapacidad se sitúa en un 30,5% frente al 15,6% del resto de la población.
Además, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 40 puntos porcentuales menos que para el resto de la población y su tasa de empleo (23,4%) representa aproximadamente un tercio de la observada en la población general (62%).
Respecto a la forma de búsqueda de empleo de las personas que quieren trabajar y, según el estudio, el 64,1% utilizan los contactos personales, mientras que el 40,5% recurren a los servicios públicos de empleo (SEPE).
El 38,5% de las personas con discapacidad que tienen empleo lo han encontrado a través de contactos con familiares y amigos, mientras que en el 4,5% de casos ha sido mediante el SEPE.
Fuente: Europapress
¿Qué debe garantizar la nueva Ley de Comunicación Audiovisual para las personas sordas?
El Gobierno de España lanzará la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual (Ley 13/2022 de 7 de julio). La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) lo ha aplaudido y solicita medidas a favor de la calidad de la lengua de signos y el subtitulado en la programación televisiva. La CNSE se ofrece a dar asesoramiento con la finalidad de hacer más accesible la televisión para las personas con discapacidad, porque como afirman “actualmente, el subtitulado de las televisiones no garantiza el acceso a los contenidos de manera literal y está lleno de imprecisiones”.
La nueva norma obliga a subtitular el 90% de la programación, incorporando un mínimo de 15 horas semanales en lengua de signos en las televisiones públicas, alcanzar un 80% de subtitulado y un mínimo de 5 horas en las televisiones privadas. Un incremento que no alcanza el 100% de programación accesible que reclama la CNSE.
Esta nueva Ley también incidirá en que la lengua de signos y el subtitulado sean emitidos de forma prioritaria en el horario de máxima audiencia, algo muy elogiado por la CNSE, así como que se incorporen en espacios informativos de actualidad y en la programación infantil.
A pesar de los elogios, la Confederación considera que la legislación es demasiado laxa e insta a la Administración al establecimiento de un régimen sancionador efectivo que impida que las cadenas incumplan o ‘cumplan a medias’ imperativos legales que deberían estar más que asumidos.
Fuente: Tododisca
Consejos sobre ciberseguridad y banca digital para personas con dificultades de comprensión
Banco de Santander y Plena Inclusión han presentado una guía y dos vídeos relacionados con la ciberseguridad y la banca online con el objetivo de facilitar las gestiones con dinero (desde la web o el móvil) a personas con dificultades de comprensión.
Cualquier persona puede utilizar estos materiales relacionados con las finanzas y, además, se encuentran disponibles en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual y otras personas con dificultades de comprensión de documentos.
Algunos de los consejos que se explican están relacionados con: usar la aplicación móvil del banco, hacer bizums, compras directas con el móvil, etc.
Podéis acceder al documento aquí: Guía
Y podéis visualizar los vídeos aquí: Materiales vídeo
Fuente: Plena Inclusión
¿Para qué sirve la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida?
La tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad es un documento personal e intransferible de la persona titular de esta tarjeta.
Cada comunidad autónoma de España es la encargada de validar, tramitar y resolver esta tarjeta, pudiéndola usar en todo el territorio de la Unión Europea (de acuerdo con las normas nacionales de los Estados miembros).
De dicha tarjeta siempre se habla de su mal uso y de los muchos casos en que se hace un uso fraudulento. Sin embargo, es necesario resaltar que es indispensable tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% para utilizarla, además de presentar graves problemas de movilidad reducida. O bien cumplir ciertas circunstancias como tener reconocida una deficiencia visual que implique un grado de las limitaciones en la actividad igual o superior al 65% o ser menor de tres años y presentar una discapacidad grave/muy grave.
La tarjeta de aparcamiento permite:
- Estacionar en zonas reservadas para personas con movilidad reducida.
- Aparcar el vehículo gratuitamente y sin limitación de tiempo en las áreas verdes, azules y zonas de carga/descarga, siempre que no afecte las limitaciones de circulación y estacionamiento de las áreas peatonales y en función de las Ordenanzas de las Corporaciones Locales.
- Acceder a las plazas de aparcamiento reservadas y habilitadas por los Ayuntamientos para vehículos que transportan a personas con movilidad reducida y que son titulares de tarjeta de aparcamiento.
- Estacionar en las plazas de aparcamiento públicas reservadas para personas con discapacidad, distribuidas en las zonas consideradas de interés, en los núcleos urbanos.
- Aparcar en cualquier lugar de la vía pública, durante el tiempo imprescindible, siempre que no impida la circulación de vehículos o peatones.
Fuente: Tododisca
El CERMI plantea a sanidad una prestación farmacéutica que tenga como prioridad a las personas con discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado a Sanidad una prestación farmacéutica que tenga como prioridad a las personas con discapacidad en un documento de aportaciones a la consulta pública relativa al Anteproyecto de ley por la que se modifica el Real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio, que aprueba el Texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
El CERMI respalda la actualización del marco normativo de la farmacia en España que propone el Gobierno, poniendo el principal foco en la dimensión social para que esta sea “más cohesiva, equitativa e inclusiva”.
Algunas de las propuestas destacadas son:
- Mantener, en todo caso, la exención o minoración de la aportación del usuario (copago) en la adquisición de medicamentos y productos sanitarios, y ampliarlos en todo lo posible, otorgando consideración preferencial a la discapacidad, en cuantía y universo exento o minorado.
- En materia de la regulación de la publicidad de medicamentos, la nueva legislación debe ampliar las medidas de accesibilidad actualmente vigentes e incorporar asimismo la Lengua de Signos Española.
- La creación de una “farmacia social” para promover relaciones e interacciones con los sectores cívicos más interesados por la prestación farmacéutica y generar el mayor impacto social positivo.
Fuente: CERMI
El trabajador con discapacidad tiene derecho a indemnización si el empresario no elimina las barreras arquitectónicas
El Gobierno vasco debe compensar con 40.000 euros a una profesora por discriminación.
La justicia ha dado un importante respaldo a la igualdad en el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad gracias a la sentencia de un juzgado de lo Social de Bilbao que ha condenado al Gobierno vasco a indemnizar con 40.000 euros a una profesora por no realizar las obras de accesibilidad en el colegio donde trabajaba.
La maestra del colegio de enseñanza primaria consiguió algunas mejoras de accesibilidad, pero insuficientes. El gobierno vasco se negó a eliminar las barreras arquitectónicas que dificultaban el acceso a personas con discapacidad física al colegio, por lo que la profesora demandó al Departamento de Educación por incumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales y por vulnerar sus derechos fundamentales a la dignidad, integridad física y moral, igualdad de trato y no discriminación, honor y seguridad en el trabajo.
En respuesta a dicha demanda, la titular del Juzgado de lo Social 5 de Bilbao considera que el Departamento ha incumplido las obligaciones sobre prevención de riesgos laborales y por discriminación indirecta a la trabajadora.
La no realización de obras de accesibilidad en el colegio “supone claramente que la trabajadora no pudiera participar en circunstancias de igualdad en la actividad docente por razón de su discapacidad, no pudiendo acudir a excursiones padeciendo obviamente un sacrificio mayor” y, según la jueza, “grave en el propio acceso al centro” para una persona con discapacidad.
Cabe destacar que el pasado 13 de julio se ha publicado en el BOE la Ley 15/2022 Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que recuerda que la Constitución reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Fuente: El País
La administración pública es quien más vulnera los derechos de las personas con discapacidad física
Las personas con discapacidad física tienen reconocidos, por ley, los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, pero todavía hoy existen vulneraciones flagrantes de estos derechos.
Según el informe Radar ECOM, que recoge y analiza los datos registrados por esta entidad a lo largo del 2021 sobre las vulneraciones de derechos que han sufrido las personas que atienden, de un total de 318 vulneraciones detectadas, el 60,7% las han sufrido mujeres con discapacidad física.
El informe también menciona que el principal agente vulnerador ha sido la administración pública (en el 65,4% de los casos), y el derecho más vulnerado ha sido la accesibilidad.
Los derechos que han sido más vulnerados son:
- Derecho a la accesibilidad (18,6%): problemas en la edificación general, barreras arquitectónicas en los espacios públicos y problemas de accesibilidad a las viviendas.
- Derecho a un nivel de vida adecuado y protección social (17,4%): la reducción, el rechazo o la pérdida de prestaciones sociales; y las trabas burocráticas y el tiempo de espera por el acceso a ayudas y prestaciones. Según el informe, un 16,4% de las personas con discapacidad física se encuentra en riesgo de exclusión social.
- Derecho a la movilidad y el transporte (18,6%): problemas de acceso al transporte, transgresiones sobre los aparcamientos para personas con movilidad reducida y vulneraciones en los autobuses adaptados.
Fuente: Social.cat
Diálogo sobre “La discriminación de las personas con discapacidad”. Encuesta EDAD 2020
La semana pasada tuvo lugar un encuentro online donde se presentaron datos de la nueva encuesta EDAD 2020. Ésta se ha desarrollado con el objetivo de conocer las discriminaciones existentes hacia las personas con discapacidad. Se trata de una macro-encuesta dirigida al conjunto de personas de 2 y más años que reside en viviendas familiares en todo el territorio nacional.
En los próximos meses se llevará a cabo el trabajo de campo para poder recoger con más profundidad los datos necesarios y, en el futuro, se irán abriendo más áreas temáticas.
Con los datos obtenidos se trasladará la información a la sociedad para la continua sensibilización de esta realidad, como también se hará llegar a los gobiernos y comunidades autónomas para que conozcan sus territorios y puedan elaborar nuevas políticas sociales.
Podéis acceder a la información recogida de la encuesta desde aquí: https://www.odismet.es/once-edad/
En esta web se presentan los principales resultados de la EDAD Hogares 2020 de un modo gráfico e interactivo, dirigido a facilitar su difusión y comprensión.
Podéis recuperar el diálogo en el YouTube de Servimedia y también aquí: https://www.youtube.com/watch?v=o9Q4g1IeSg8